Ciudad de México— El excomisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Juan Pablo Guerrero, consideró que el presidente Andrés Manuel López Obrador de nueva cuenta emprenderá un ataque contra el INAI una vez que el Instituto rechace su petición de divulgar información patrimonial de un periodista por ser ilegal y rebasar sus facultades.
La carta enviada por el mandatario federal al Instituto, señaló Guerrero, ignora las facultades que la Constitución y las leyes le otorgan al Titular del Ejecutivo Federal y al órgano autónomo, el cual es garante tanto del derecho de acceso a la información como de la protección de los datos personales de los ciudadanos.
“La carta del presidente denota desconocimiento de sus facultades y de las atribuciones de organismos como el Servicio de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera y el INAI. Exhibe desconocimiento de la ley y nos hace anticipar que el INAI será nuevamente atacado por la Presidencia, cuando el órgano constitucional autónomo responda que, conforme a derecho, no puede atender a esas peticiones, sino por el contrario debe advertir sobre la violación de la privacidad de una persona”, indicó.
Esta mañana, López Obrador dio a conocer una misiva que envió el lunes a la presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, en la que le pide que investigue el patrimonio del periodista Carlos Loret de Mola con el fin de darlo a conocer o bien le autorice a él difundir los documentos que le hicieron llegar referente a los bienes del comunicador.
En las dos conferencias previas, la del 11 de febrero y la del lunes pasado, el tabasqueño ha presentado una lámina en la que muestra los supuestos ingresos que Loret de Mola obtuvo en 2021, esto en respuesta a la publicación de un reportaje de Latinus, que dirige el periodista, en el que se exhibe que José Ramón López Beltrán, hijo mayor del Presidente, vivió en una casa de Houston propiedad de un ex alto ejecutivo Baker Hughes, empresa contratista de Pemex.
Guerrero dijo que ni el presidente tiene facultades para solicitar lo que le pidió al INAI, ni este organismo las posee para hacer lo requerido.
“No corresponde al INAI investigar sobre el origen patrimonial de los particulares ni muchos menos comunicar o divulgar esa información. En su caso, esa sería atribución de los organismos que generan y resguardan esa información, como el SAT o la UIF, que están -estos sí- bajo la autoridad del Ejecutivo federal.
“El INAI resuelve las quejas ante negativas de información, pero no puede decretar fuera de un recurso de revisión específico la publicidad de información que es, por definición, confidencial”, expuso.
Tampoco, añadió, el INAI puede autorizar que una autoridad, en este caso el Presidente, difunda información de un particular que está protegida por la Constitución y distintas leyes.
“Sobre la posibilidad de divulgar información confidencial que llegó al Presidente en forma anónima, lo que corresponde a Presidencia es hacer una denuncia por posible violación de la Ley General de Protección de Datos Personales y del Código Fiscal. Divulgarla, sin la previa autorización del titular de los datos personales, es un delito. El afectado debe levantar la denuncia ante la autoridad, que también podría atraer de oficio el asunto y proceder contra los culpables”, advirtió.
